Una mujer Argentina demandó a un motel por considerar que violaron su intimidad luego que su marido se enterara que ella acudió al lugar con un amante.

El esposo supo de la infidelidad por culpa del resumen de la tarjeta de crédito con la que la afectada pagó en el establecimiento de Rosario, Argentina.

La tarjeta era una extensión del plástico bancario perteneciente al papá de la mujer, quien recibió el resumen y, al ver un motel en la lista, quiso jugarle una broma a la pareja pensando que fueron juntos.

Por esta situación la mujer inició una demanda contra la tarjeta de crédito y el hotel. Los culpó de avanzar contra su intimidad y privacidad, y de ser responsables de su divorcio, ocurrido en diciembre de 2008.

Por ello les reclamó 70 mil pesos: 30 mil por daño moral, 20 mil más por daño psíquico y el resto por daño al proyecto de vida. Nunca negó el consumo ni su presencia en el lugar. Sí que se ventilara el detalle a través del resumen. Para avanzar con el juicio citó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.

Sin embargo, la Justicia de Rosario rechazó la pretensión. Consideró que el comercio y la firma encargada de prestar servicio de financiamiento actuaron dentro de la ley. Pero además obliga a la mujer a pagar las costas por el trámite que se inició.

Se deja constancia también de que ninguna ley obliga a las empresas o negocios a consignar el nombre jurídico de la sociedad comercial que manejan. Es posible volcar, para los resúmenes de la tarjeta, una denominación de fantasía. En este caso esa elección tenía la palabra “motel” dentro del nombre, lo que apareció en el detalle que recibió el titular del plástico.

Quaglia plantea que incluso es más razonable y lógico que aparezca el “nombre comercial”, porque eso le permitirá al usuario “una rápida identificación e individualización del consumo efectuado”.

Los representantes del motel explicaron durante el trámite judicial que “la regla básica y elemental” del tipo de explotación comercial que manejan es la intimidad y privacidad de las personas que concurren a su establecimiento, por lo que le resulta “materialmente imposible poder afirmar que la mujer concurrió al mismo y si lo hizo sola o acompañada”.

Confirmaron también que la tarjeta de crédito que pertenecía a la mujer efectivamente fue la utilizada para el pago y que el recorrido administrativo y legal posterior ya no depende del comercio.

Según Clarín, el matrimonio, que tenía un hijo en común, se separó tras 11 años juntos.